Educación pública de calidad: más allá del eslogan

Enrique Manzur

Existe un amplio consenso y vasta evidencia de que la calidad de la educación, en todos sus niveles, no se condice con el nivel de desarrollo alcanzado por el país.

Por ejemplo, resulta doloroso constatar que en el ranking de Competitividad Global del World Economic Forum 2012-2013, si bien Chile alcanza la posición 33 entre los 144 países evaluados, al mismo tiempo ocupa el lugar 119 en Calidad de la Educación Primaria y el 117 en Calidad de la Educación en Matemáticas y Ciencias. Este resultado se explica, en parte, por la profunda segregación entre colegios particulares pagados, subvencionados y municipales, además de una clara deficiencia en la preparación, conocimientos, competencias y habilidades de un número importante de los docentes. Por su parte, en materia de Educación Superior las debilidades del sistema de acreditación han generando un manto de duda respecto a la real calidad de algunas instituciones.

Sin embargo, existe una clara contradicción entre la justificada demanda por educación pública de calidad y los paros y tomas que asolan a los principales establecimientos educacionales públicos del país, desde el Instituto Nacional hasta la Universidad de Chile. Lamentablemente, la educación de calidad no se improvisa ni se establece por decreto, surge del trabajo serio, constante y planificado, de todos los actores involucrados. Por eso, resulta incongruente el constatar como en esas instituciones, que representan la esencia de la educación pública de calidad, grupos bien organizados logran reemplazar el diálogo por la coerción, evitando que se desarrollen en ellas las actividades que le son consustanciales y que justifican su existencia. Uno de los principales argumentos que utilizan para justificar su conducta, es que dichas acciones han sido acordadas a través de votaciones democráticas, en que la opción de paro o toma ha obtenido la mayoría.

Por ello, la pregunta que surge es: ¿Es válida una votación respecto a la toma de un establecimiento o a impedir que en él se realicen clases?, la respuesta es no. La educación es un derecho que no puede ser conculcado a través de consultas, votaciones o asambleas. Los estudiantes tienen todo el derecho a expresar sus ideas y puntos de vista, incluso a exigir que la autoridad responda a sus demandas y a manifestarse y protestar si lo consideran necesario. Sin embargo, ello debe ser realizado de manera pacífica y asegurando que no se vulneren los derechos del resto de la comunidad educativa y de la sociedad en general.

Dado que existe bastante coincidencia respecto al diagnóstico y que éste se encuentra incorporado en el debate público, la siguiente etapa debiera consistir en concentrar el esfuerzo en la generación y evaluación de posibles alternativas que se planteen como solución a los principales problemas en educación. Por ejemplo, qué sistema puede reemplazar el modelo de educación municipal y cuál será la relación del Estado con sus universidades.